¿Un ataque al secreto bancario?: La SUNAT tendrá acceso a información de cuentas bancarias

La reciente aprobación de la ley que otorga a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) acceso a información detallada sobre cuentas bancarias con movimientos superiores a los 10,000 soles mensuales ha generado un intenso debate entre expertos legales y ciudadanos preocupados por sus derechos financieros. En este artículo, exploraremos los distintos puntos de vista en torno a esta polémica medida y su posible impacto en la protección del secreto bancario en el Perú.

Las nuevas disposiciones exigen que las entidades financieras proporcionen a la SUNAT información detallada sobre las operaciones pasivas, incluidos los abonos a cuentas, sueldos y remuneraciones, que superen los 10,000 soles al mes. Si bien se argumenta que esta medida tiene como objetivo principal combatir la evasión y elusión tributaria, muchos especialistas legales la consideran inconstitucional, ya que violaría el derecho al secreto bancario establecido en la Constitución.

Por un lado, se argumenta que la ley infringe la Constitución al permitir que la SUNAT acceda a información financiera sin una orden judicial específica, lo cual contradice el principio del secreto bancario. Por otro lado, se sostiene que esta medida está alineada con los estándares internacionales, particularmente con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el Perú es un aspirante a miembro.

La controversia en torno a la nueva ley que otorga acceso a la SUNAT a información bancaria detallada destaca la complejidad de encontrar un equilibrio entre el combate a la evasión fiscal y el respeto a los derechos fundamentales de privacidad financiera. Si bien la medida busca alinearse con estándares internacionales, su aplicación en el contexto legal peruano ha generado preocupación entre quienes consideran que vulnera el derecho al secreto bancario establecido en la Constitución. Es crucial seguir monitoreando el desarrollo y las implicaciones de esta ley para garantizar que se protejan tanto los intereses fiscales del Estado como los derechos individuales de los ciudadanos.