La decisión del Tribunal Constitucional establece que tanto los balnearios y urbanizaciones como las propiedades privadas que colindan con las playas deben contar con una vía de acceso cada 1,000 metros para garantizar el libre tránsito hacia las mismas. Esta medida busca preservar el acceso público a las playas y asegurar que no se obstaculice el disfrute de estos espacios naturales por parte de la comunidad.
Es importante destacar que esta ley también implica la eliminación de cualquier construcción u objeto que obstaculice el acceso público a las playas. Esto significa que los propietarios de bienes adyacentes a las costas deben garantizar que no haya barreras físicas que impidan el paso de vehículos y personas hacia las playas.
Además, la normativa establece que ninguna municipalidad o administración podrá autorizar proyectos de habilitación urbana o construcción de balnearios que no incluyan vías de libre acceso a las playas. Esto pone un énfasis claro en la importancia de la accesibilidad y el disfrute equitativo de estos espacios naturales.
Los propietarios de bienes adyacentes a las playas tienen la responsabilidad de construir estas vías de acceso público. Sin embargo, si han cumplido con esta obligación, no se requerirá que retiren ninguna construcción existente. Esto reconoce el esfuerzo de aquellos propietarios que han facilitado el acceso público a las playas y evita penalizarlos injustamente.
La decisión del Tribunal Constitucional de garantizar el acceso público a las playas es un paso importante hacia la protección de estos espacios naturales y el disfrute equitativo de los mismos por parte de la comunidad. Esta medida no solo afecta a los balnearios y urbanizaciones costeras, sino que también establece responsabilidades claras para los propietarios de bienes adyacentes a las playas. Es fundamental que todas las partes involucradas cumplan con estas disposiciones para preservar la belleza y el acceso a nuestras playas para las generaciones futuras.
